Un proyecto de ley para regular las protestas sociales fue sancionado ayer en la Cámara de Diputados de la Provincia y pasó al Senado, que sesiona mañana, en revisión.
La iniciativa fue tratada ayer en la Cámara Baja, luego de haber sido presentada en abril de 2022, en medio del conflicto con los sectores de autoconvocados de la Educación y la Salud, que llevan cuatro semanas de reclamos por mejoras laborales y salariales.
El proyecto aprobado anoche tiene por objeto "conciliar el ejercicio de los derechos a la libertad de expresión, reunión, peticionar ante las autoridades, uso del espacio público, junto a la libre circulación, preservación de la integridad física y de la propiedad tanto pública como privada, durante el desarrollo de protestas o manifestaciones públicas, cualquiera fuera su naturaleza".
El tratamiento de la iniciativa sobre tablas por los legisladores del riñón más cercano al Ejecutivo provincial, causó cierto debate en el recinto donde muchos legisladores esbozaron una crítica al momento elegido para aprobar el proyecto, por considerarlo inoportuno en el contexto de la protesta de docentes y personal de salud autoconvocados.
Mientras tanto, desde el oficialismo defendieron la iniciativa y remarcaron que da la oportunidad a quienes protestan de hacerlo en un marco de orden y que, al mismo tiempo, garantiza al resto de los ciudadanos el cumplimiento de derechos constitucionales, como el de la libre circulación.
El proyecto, de autoría de las diputadas Socorro Villamayor y Cristina Fiore, establece que "la autoridad de aplicación resguardará el desarrollo pacífico de la protesta o manifestación pública, en la medida que la misma permita el normal funcionamiento de servicios públicos, especialmente los referidos a la salud, transporte público, educación y bomberos; habilite, aunque sea parcialmente la circulación de personas y/o vehículos en una dirección determinada; evite la comisión de delitos tipificados en el código penal durante los actos preparativos, desarrollo o desconcentración de las mismas, incluidos los daños a la propiedad pública o privada; y se haya realizado la correspondiente notificación, conforme lo determinado por la presente Ley".
En este sentido, la notificación "debe ser notificada con una antelación no menor a las 24 horas, ante la comisaría más cercana al lugar donde se tiene previsto su desarrollo o ante la autoridad de aplicación", explicitando los detalles de la misma.
Deja sentado, además, que "las protestas o manifestaciones que no cumplan con la norma y obstaculicen el ejercicio de los derechos mencionados no serán permitidas, sin perjuicio de lo cual, previo desalojo por parte de las fuerzas de seguridad, se podrá realizar una mediación obligatoria que será coordinada por el Ministerio de Seguridad.
Más allá de los cuestionamientos y pedidos para que el proyecto vuelva a comisiones de manera de poder ser analizado en detalle, y de que más de una veintena de diputados solicitaron autorización para abstenerse de votar, se avanzó con la votación que resultó positiva para la aprobación del proyecto, que pasó al Senado en revisión.
Durante el debate, la diputada del PRO, Sofía Sierra expuso que "esta es una iniciativa de abril del 2022" y cuestionó que "justo ahora, en medio de una protesta social, queremos tratar un tema tan importante como es la regulación de las protestas y manifestaciones sociales. Me parece un desatino total tratar esto a las apuradas".
Franco Hernández Berni, del Frente de Todos, manifestó que "el artículo 1 manifiesta conciliar el ejercicio de distintos derechos, pero no manifiesta el derecho a la alimentación".
"Lo que están reclamando los docentes y personal de salud es un salario acorde a la inflación que tiene naturaleza inflacionaria: el derecho a alimentarse dignamente. Los docentes están manifestándose por un salario digno para poder alimentarse y vivir. Y la vida es el bien jurídico más importante que tiene la Constitución, más allá de cualquier posición política", advirtió.
Finalmente Socorro Villamayor, una de las autoras de la iniciativa junto a Cristina Fiore, dijo que "el proyecto trata de reglamentar y coordinar distintos derechos constitucionales. De ningún modo prohíbe las manifestaciones sino todo lo contrario, busca garantizar la libre expresión, el derecho a la reunión y a la circulación, evitando que colisionen con derechos de terceros. Buscamos pacificar los conflictos", concluyó la legisladora.
El Tribuno
