Después de que el Gobierno nacional oficializara la desregulación del mercado de gas envasado, el precio de las garrafas de 10 kilos comenzó a escalar con fuerza en distintos puntos del país. La situación se volvió particularmente crítica en el interior, donde el acceso al gas natural es limitado y la garrafa representa la única opción de calefacción, cocción y agua caliente para miles de familias.
En Buenos Aires, los precios rondan entre los 10.500 y 12.000 pesos, lo que ya representa un salto respecto al valor de referencia que regía hasta junio. Pero en Salta, como en otras provincias del NOA y el NEA, los valores se dispararon hasta cifras impensadas: entre 20.000 y 25.000 pesos en comercios minoristas, y hasta 30.000 en barrios zonas alejadas.
En algunos puntos de venta, incluso, solo se vendieron dos garrafas por persona, en medio de una creciente demanda potenciada por las temperaturas bajo cero y las interrupciones en el suministro de gas natural que se registraron durante los últimos días.
La desregulación fue anunciada el jueves pasado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien defendió la medida bajo el argumento de que "los precios libres son la mejor brújula para un mercado sano". El Decreto 446/2025, publicado en el Boletín Oficial, eliminó los valores orientativos que hasta ahora fijaba la Secretaría de Energía para el Gas Licuado de Petróleo (GLP), con el objetivo, según el texto oficial, de liberar el mercado y atraer nuevas inversiones.
Hasta la entrada en vigor del decreto, el Estado mantenía un sistema de precios de referencia que buscaba garantizar un abastecimiento regular y homogéneo, evitar el comercio clandestino y fomentar la inscripción de las empresas en los registros oficiales.
Sin embargo, tras la derogación del sistema, el mercado quedó liberado y los precios comenzaron a fluctuar de forma desigual según la región. La Cámara de Empresas Argentinas de Gas Licuado (Cegla) advirtió que “se está demandando hasta un 30% más de garrafas en la comparativa interanual”, y alertó sobre una situación crítica en muchas localidades del interior profundo, donde los cortes de gas, cañerías congeladas y las restricciones programadas en industrias han dejado a miles de familias dependiendo exclusivamente de las garrafas.
En Salta, Jujuy, Tucumán y otras provincias norteñas, el impacto de la medida golpea con más fuerza a los sectores de menores ingresos, que ahora deben destinar casi el doble o el triple de dinero para acceder a un bien esencial.
Frente a este escenario, crecen las críticas de organizaciones sociales y referentes del interior, que denuncian que la desregulación profundiza la desigualdad territorial y pone en riesgo el acceso al gas para miles de hogares. “Mientras en Capital pagan 12.000 pesos por una garrafa, nosotros en el interior la pagamos a 25 o 30 mil. ¿Dónde está la igualdad?”, expresó un vecino de zona sur de la ciudad de Salta, en diálogo con este medio.
La falta de un control estatal, sumada a la crisis energética provocada por el invierno, ha encendido una nueva alarma en un país donde, pese al discurso de eficiencia de mercado, la distribución de servicios básicos sigue siendo profundamente desigual.
