La Corte Suprema de Justicia asestó un duro golpe a Pablo Otero, dueño de Tabacalera Sarandí y conocido como el “Señor del Tabaco”. Por unanimidad, el máximo tribunal declaró constitucional el impuesto mínimo a los cigarrillos y ordenó a la empresa abonar una deuda que supera los 1.000 millones de dólares, acumulada durante los últimos seis años.
La decisión, revelada por los periodistas Lucía Salinas y Nicolás Diana en el diario Clarín, contó con las firmas de Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y tres conjueces. El fallo desestimó todos los argumentos de la compañía, que había logrado frenar el pago mediante cautelares judiciales desde 2018.
En su resolución, la Corte sostuvo que Tabacalera Sarandí no demostró que el impuesto mínimo establecido por ley fuera “irrazonable” o que vulnerara su derecho a la propiedad. Los jueces remarcaron que no es función del Poder Judicial evaluar el impacto económico de los tributos, una potestad que corresponde al Poder Legislativo y al Ejecutivo.
“El impuesto es un valioso instrumento de regulación y es razonable que el Estado grave determinadas actividades con un tributo diferenciado”, señala el fallo, que además subraya la finalidad de salud pública de la norma, destinada a desalentar el consumo de tabaco. La presentación de la empresa fue calificada como “desprovista de sustento fáctico y jurídico consistente”.
Cuando en 2018 inició la demanda, Tabacalera Sarandí argumentó que era una pequeña Pyme y que el impuesto la dejaba en desventaja frente a las multinacionales. Sin embargo, durante los años en que no abonó el tributo, su participación en el mercado creció de un 5,6% en 2016 al 38,4% en 2023.
El propio Otero reconoció en entrevistas que su compañía facturaba alrededor de 800 millones de dólares anuales. Este crecimiento, para la Corte, es una evidencia más de que el impuesto no había puesto en riesgo la viabilidad de la firma.
En un intento de frenar la decisión, Otero informó la semana pasada que se había acogido a un plan de pagos, aunque no presentó documentación para respaldarlo. El tribunal rechazó el planteo y dejó firme la obligación de cancelar la deuda.
El fallo cierra una prolongada batalla judicial que permitió a Tabacalera Sarandí consolidar su poder en el mercado del tabaco sin cumplir con el tributo que sí pagaban sus competidores. Ahora, con la sentencia definitiva, el empresario deberá enfrentar un pasivo que supera los 1.000 millones de dólares y que marca un precedente clave para el sector.
