La conducción de la CGT decidió este jueves convocar para el próximo miércoles a las 12 a una movilización al palacio de Tribunales para presentar ante la Justicia un planteo para que declare la inconstitucionalidad del DNU dictado por el presidente Javier Milei que dispone una profunda reforma laboral, la derogación de la ley de alquileres y una amplia desregulación de la economía.
Además, los jefes de la entidad resolvieron convocar para el jueves 28, es decir un día después de la marcha, al comité central confederal cegetista para definir un plan de lucha y el llamado a un paro general en rechazo al decreto del Gobierno.
La decisión fue adoptada esta tarde en el marco de la reunión que representantes de más de medio centenar de sindicatos de la cúpula de la central obrera mantienen desde las 18 en la sede del gremio de la Uocra, según confiaron dirigentes que participan del encuentro.
La intención de la conducción cegetista de reclamar a la Justicia que frene la totalidad de DNU de Milei había sido adelantada en la mañana de este miércoles a Clarín por el cosecretario de la central, Héctor Daer.
"Vamos a presentar una acción jurídica para exigir la inconstitucionalidad de todo el DNU", anticipó Daer. Y apuntó que, adicionalmente, se alentará una ola de amparos contra los puntos centrales del decreto presidencial.
En paralelo, la conducción cegetista mantuvo al mediodía un encuentro con los bloques legislativos de Unión por la Patria en el Congreso en la que consensuaron una posición común frente al DNU y luego reunió a su consejo directivo en la sede de la Uocra con el propósito de definir la convocatoria a una movilización del próximo miércoles a Tribunales en rechazó a las medidas del Gobierno.
Apenas minutos después de la cadena nacional en la Milei anunció el DNU y al conocer los puntos centrales de la medida durante la noche de este miércoles, los jefes sindicales intercambiaron llamados y consultas, y acordaron reunirse de urgencia hoy para convenir un plan de acción inmediato en rechazo de las medidas.
"La CGT va a salir a defender los preceptos republicanos y la división de poderes, más allá de los derechos laborales, sociales y de la seguridad social atacados por el decreto", remarcó Daer, y sostuvo que la magnitud del DNU firmado por el presidente "lo torna absolutamente inconstitucional".
"Las emergencias planteadas se justifican en un diagnóstico intencionalmente falaz para arrasar con los derechos sociales de todos los argentinos", denunció el gremialista.
En los diálogos informales que intercambiaron los gremialistas tras el DNU se mostraron sorprendidos por la profundidad de las medidas, en particular el paquete de reforma laboral y la desregulación del sistema de obras sociales que administran sus sindicatos. Es que el decreto avanza con la flexibilización de condiciones laborales, la reducción de las indemnizaciones y fija nuevas limitaciones al derecho a huelga, además de golpear fuertemente sobre la caja de recaudación de los sindicatos.
"Los cambios laborales abarcan las relaciones individuales (LCT), colectivas (leyes 14.250 y 23.551) y la regulación de los conflictos colectivos de trabajo (derecho de huelga). Para encontrar un cambio de esta magnitud hay que remontarse a 1976", precisó el especialista Luis Campos, coordinador del Observatorio de Derecho Social de la CTA Autónoma sobre los efectos de las modificaciones laborales incorporadas al DNU.
El decreto de Milei restringe el ejercicio del derecho a huelga al establecer la exigencia de una cobertura mínima de 75% en los servicios esenciales, donde se incluye a la salud y la educación, y una cobertura del 50% en una nueva categoría que denomina "actividades o servicios de importancia trascendental, donde se incorporaran múltiples sectores, desde transporte, diversas ramas industriales, bancarios, gastronómicos, producción de alimentos y hasta los servicios de radio y televisión.
A la par se habilita a los empleadores a despedir con causa a trabajadores que participen de medidas de fuerza que afecten la libertad de trabajo de quienes no adhieran a la protesta, realicen bloqueos o tomas de establecimientos durante las mismas. También se regulan de manera restrictiva las asambleas sindicales dentro de las empresas.
En materia de derechos individuales, un de las principales modificaciones es la reducción de las indemnizaciones ya que, según el decreto, "la base de cálculo de esta indemnización no incluirá el Sueldo Anual Complementario, ni conceptos de pago semestral o anual", lo que excluiría beneficios como bonos anuales, ticket canasta o vales alimentarios, pese a que fueron reconocidos en varios fallos.
También dispuso un mecanismo de indemnización "alternativo" inspirado en el sistema que rige en la industria de la construcción. "Las partes podrán sustituir el presente régimen indemnizatorio por un fondo o sistema de cese laboral cuyo costo estará siempre a cargo del empleador, con un aporte mensual que no podrá ser superior al 8% de la remuneración computable", consigna el DNU.
Otro punto clave es la extensión del período de prueba de 3 a 8 meses, por lo cual el empleado podrá ser despedido sin derecho a indemnización en ese lapso. Asimismo, se eliminan todas las multas establecidas por ley que el empleador debe pagar al trabajador afectado para la falta de registro de la relación laboral o su registro irregular.
También se habilita a desregular la jornada laboral mediante negociación colectiva, con la única limitación de 12 horas de descanso entre una y otra jornada.
A su vez, se establece el vencimiento del pago de cuotas, aportes periódicos o contribuciones a que estuviesen obligados los trabajadores. De esa manera, los descuentos salariales efectuados a los empleados por acuerdo entre las empresas y los gremios no serán renovados indefinidamente, sino que deberán ser acordados en cada ocasión.
Clarín
