Una familia de Aguas Blancas, en el departamento Orán, denunció un presunto secuestro extorsivo ocurrido durante la madrugada del viernes, en un hecho que volvió a encender las alarmas sobre la creciente inseguridad en la zona fronteriza.
De acuerdo con el relato del abogado Pablo Cardozo Cisneros, los protagonistas del dramático episodio fueron tres adolescentes de entre 14 y 16 años, que regresaban a sus casas tras participar de un partido de fútbol. En ese trayecto, un grupo armado los interceptó y los obligó a subir a una camioneta Toyota blanca, que luego se dirigió hacia una zona rural ubicada a la altura del kilómetro 30 de la ruta nacional 50.
Durante el cautiverio, los jóvenes fueron golpeados y amenazados. Uno de ellos fue forzado a comunicarse con su madre para pedir dinero a cambio de su liberación. Minutos después, un hombre se presentó en la vivienda familiar exigiendo la suma acordada, en un claro intento de extorsión.
La denuncia fue radicada de inmediato y la Justicia Federal tomó intervención, ante la sospecha de que el caso podría estar vinculado con redes delictivas transfronterizas que operan en la zona. Fuentes judiciales confirmaron que se investiga si existen otros hechos similares que aún no fueron denunciados formalmente.
Cardozo Cisneros, quien representa a la familia afectada, expresó su preocupación por la gravedad del episodio: “Estamos ante una situación límite. Los vecinos viven con miedo y los controles en la zona no alcanzan. Este hecho no es aislado”.
El abogado reclamó reforzar los operativos de seguridad en los accesos y rutas del norte provincial, y advirtió que los habitantes de Aguas Blancas y alrededores sienten que el Estado está ausente.
Mientras tanto, la investigación sigue su curso bajo la órbita de la Justicia Federal, que intenta determinar la identidad de los atacantes y si la camioneta utilizada fue robada o pertenece a alguna organización delictiva que actúa en la frontera.
El hecho conmocionó a toda la comunidad, que en las últimas horas comenzó a organizar reuniones vecinales para exigir mayor presencia policial y gendarmería en la zona. La sensación de vulnerabilidad crece, y con ella, la urgencia de que las autoridades actúen con rapidez ante un nuevo y preocupante síntoma del avance del delito en la frontera norte.
