La Justicia de Orán cerró un capítulo clave de una investigación que sacudió al norte provincial: tres hombres vinculados al ámbito judicial y político terminaron condenados tras reconocer su participación en cohechos, violación de secretos y entorpecimiento de actos funcionales, todos delitos que impactaron directamente en el funcionamiento del Poder Judicial.
El abogado Roberto Ortega Serrano aceptó haber pagado coimas a un juez y a su secretario para conseguir beneficios indebidos para sus defendidos. Por estos hechos, recibió dos años y seis meses de prisión condicional, bajo supervisión y reglas de conducta.
El exintendente de Aguas Blancas, Carlos Alfredo “Conejo” Martínez, fue el único que recibió una pena de prisión efectiva: un año y dos meses, además de cuatro años de inhabilitación para ejercer cargos públicos, la máxima prevista para su tipo de delito. Él mismo admitió haber difundido información judicial secreta sobre el caso por el crimen de su hermano y haber intentado influir en testigos.
En tanto, Héctor Manuel Alderete, empleado de la Defensoría de Violencia de Género, reconoció haber actuado como puente entre Ortega Serrano y el exjuez acusado, facilitando el pago de dádivas. La condena: dos años y ocho meses de prisión condicional y inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos.
La audiencia, realizada ante la Sala I del Tribunal de Juicio de Orán, contó con la intervención de las fiscales Daniela Murua y Mariana Torres, y de los fiscales Daniel Espilocín y Carlos Salinas. El juicio abreviado fue solicitado por los propios acusados, quienes venían detenidos desde hacía un año y dos meses, ante el riesgo de fuga y entorpecimiento de la causa.
Durante la investigación se probó que Ortega Serrano accedió ilegalmente a un expediente para obtener datos clave sobre allanamientos, pedidos de secuestro de celulares y declaraciones de testigos. Mucha de esta información fue enviada por WhatsApp, permitiendo a los investigados anticiparse a los movimientos fiscales.
También quedó acreditado que intervino para lograr la detención domiciliaria de imputados por delitos graves, entre ellos César Daniel Martínez (acusado de tentativa de femicidio) y Matías Ezequiel Chaile, que sigue prófugo tras atropellar y matar a una mujer y fugarse.
Tras estas condenas, aún resta llevar a juicio al exjuez Claudio Alejandro Parisi, destituido y actualmente detenido, y a su exsecretario, quienes eligieron ir a un juicio oral y público.
El caso sigue generando impacto en Orán, donde se espera que el proceso que queda por delante termine de esclarecer el alcance de la red de corrupción que operó dentro del sistema judicial local.
