Un caso estremecedor salió a la luz en Salta: un efectivo de la Policía Federal Argentina, de 31 años, fue detenido e imputado por distribuir material de abuso sexual infantil, agravado por la participación de menores de 13 años. En su poder encontraron más de 60 mil imágenes y videos de niños y niñas víctimas de abuso.
La investigación comenzó gracias a un operativo internacional impulsado por el sistema estadounidense ICACCOPS (Internet Crimes Against Children), una plataforma que rastrea y colabora en la detección de redes dedicadas a la explotación sexual infantil.
A través de ese sistema se detectó que desde una dirección IP radicada en Salta capital se compartía material ilegal mediante redes P2P (un tipo de programa que permite intercambiar archivos directamente entre computadoras sin pasar por servidores centrales). Con esa información, los investigadores lograron identificar la conexión y el domicilio del sospechoso.
El operativo, parte de la operación global “Aliados por la Infancia V”, culminó con un allanamiento en la vivienda del acusado. En el lugar se secuestraron dispositivos electrónicos y unidades de almacenamiento con un volumen impactante de archivos digitales con contenido pedófilo.
El caso quedó en manos de la Fiscalía Penal Especializada en Ciberdelincuencia, a cargo de Sofía Cornejo, quien encabezó la imputación. Durante la audiencia, el detenido fue asistido por un defensor oficial y se negó a declarar. La fiscal solicitó al Juzgado de Garantías que el acusado permanezca detenido mientras avanza la investigación.
Fuentes judiciales explicaron que la información aportada por los organismos internacionales fue clave para identificar los movimientos del sospechoso, incluyendo la IP utilizada, los programas empleados, fechas de conexión y el tipo de material distribuido.
Desde la fiscalía remarcaron que este tipo de acciones busca combatir la explotación sexual infantil en internet, proteger a las víctimas y generar conciencia sobre la importancia de denunciar cualquier actividad sospechosa.
“Detrás de cada archivo hay una víctima real. El compromiso de la sociedad es fundamental para frenar estos delitos”, señalaron desde el Ministerio Público.
