Si bien era muy esperada la difusión este jueves de los fundamentos de las condenas dictadas por el Tribunal Oral Federal 2 en el juicio conocido como "Causa Vialidad", lo cierto es que su valor es estrictamente jurídico.
En el plano de la política, no aportó ninguna novedad a la incidencia de ese fallo en la situación política de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, porque fue una ratificación de algo que ya se conocía.
Como se recordará, el pasado 6 de diciembre los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso condenaron a Cristina a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por encontrarla culpable de administración fraudulenta.
Ese mismo día, la vicepresidenta denunció que el objetivo político de ese fallo era no permitirle volver a competir por la Presidencia ni por ningún otro puesto electivo, por lo que interpretó en los hechos como una movida para proscribirla.
En respuesta, comunicó su decisión de no presentarse "en ninguna lista" en las elecciones generales de este año, para no perjudicar al Frente de Todos (FdT) dado que sus detractores explotarían la situación judicial en su contra, pero también en desafío a que alguien "se anime" a ordenar su detención, una vez que no tenga fueros como vicepresidenta, cumplido el mandato el 10 de diciembre próximo.
Por todo ello es que, más allá de que la defensa de la vicepresidenta apelará el fallo a la Cámara Federal de Casación Penal, lo principal para ella es evaluar la estrategia que le permita fortalecerse políticamente y de esa forma llegar bien plantada ante una eventual definición de la Corte Suprema.
Desde que anunció su decisión de no ser candidata hasta ahora se ha debatido públicamente sobre si corresponde hablar o no de proscripción. El presidente Alberto Fernández, en su mensaje a la Asamblea Legislativa del último 1° de marzo, optó por el término de "inhabilitación politica" y días después dijo que era el sinónimo jurídico de proscripción, que es una medida de tipo político.
Si bien Cristina hoy está habilitada a postularse a cualquier cargo hasta tanto la sentencia no quede firme, en la práctica puede darse que la Cámara de Casación le ratifique la condena en unos meses y luego la Corte haga lo propio, quizás en plena campaña electoral, lo que la bajaría de los comicios, con el consecuente impacto de dejar al FdT con su jefa política sin poder competir.
También podría ser que, ante una apelación a la Corte, como ésta no tiene un plazo fijado legalmente para pronunciarse, ocurra lo mismo que en el caso de Carlos Menem, quien falleció sin que el máximo tribunal se expidiera sobre la causa por el contrabando de armas a Ecuador y Croacia, más de 20 años después de que empezara a tramitarse.
