En un claro desafío al reclamo realizado por el Gobierno argentino, el gobierno de las Islas Malvinas anunció este lunes la extensión por cinco años de las licencias de producción de hidrocarburos offshore, con la posibilidad de sumar otros dos años. La decisión cuenta, según las autoridades isleñas, con el respaldo del Gobierno del Reino Unido.
La medida beneficia en particular a las empresas vinculadas al proyecto Sea Lion, desarrollado por el consorcio integrado por Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum, que busca avanzar con la explotación petrolera en aguas próximas al archipiélago.
El anuncio se conoció pocos días después de que la jueza federal de Tierra del Fuego Mariel Borruto ordenara frenar las actividades relacionadas con Sea Lion.
En esa línea, la magistrada notificó a las compañías involucradas que debían cesar las perforaciones y presentar información sobre el grado de avance del proyecto.
Desde el gobierno isleño defendieron la extensión de los permisos. Cheryl Roberts, responsable de Comercio, Industria y Recursos Minerales, sostuvo que las licencias brindan seguridad a los operadores y permiten continuar con las inversiones y el desarrollo de las áreas.
En paralelo, Rockhopper anunció que busca recaudar unos 200 millones de dólares entre sus accionistas para acelerar el avance del proyecto petrolero. La compañía ya habría conseguido una primera inyección de 20 millones de dólares.
La explotación de hidrocarburos genera expectativas económicas en las islas debido a los ingresos que podría aportar por regalías, impuestos y permisos. Las autoridades locales también proyectan destinar parte de esos recursos a infraestructura.
Entre las obras previstas aparecen la modernización de la usina eléctrica, mejoras en la conectividad y la ampliación del puerto de Puerto Argentino.
Por último, la decisión del Gobierno británico de extender las licencias, sin embargo, profundiza la disputa con Argentina por la explotación de recursos naturales en el Atlántico Sur.
