Un comisario de 48 años fue imputado provisionalmente por la Justicia salteña, acusado de protagonizar un hecho de violencia contra una mujer policía con quien mantenía una relación de pareja. El episodio habría ocurrido dentro de la comisaría de La Merced y derivó en una investigación encabezada por la Fiscalía Penal de Cerrillos.
La audiencia de imputación se desarrolló este miércoles y estuvo a cargo de la fiscal penal Mónica Viazzi, quien representó al Ministerio Público Fiscal. El funcionario policial quedó acusado, en carácter de autor y en concurso real, por los delitos de lesiones leves agravadas por la relación de pareja preexistente y por mediar violencia de género, amenazas con arma y abuso de autoridad.
Según la investigación, el acusado habría agredido y amenazado a la mujer dentro de la dependencia policial. La víctima también se desempeña como personal policial y mantenía una relación sentimental con el comisario desde hacía aproximadamente tres meses.
Durante la audiencia, el hombre estuvo acompañado por su abogado particular y decidió abstenerse de declarar. No obstante, dejó constancia de que se reserva el derecho de brindar su versión de los hechos en una instancia posterior.
La denuncia activó la intervención de la Fiscalía Penal de Cerrillos, que dispuso una serie de medidas destinadas a proteger a la denunciante. Entre ellas se estableció la prohibición de acercamiento y de ejercer cualquier acto de violencia hacia la mujer.
Para sostener la imputación, la fiscalía reunió distintos elementos incorporados durante la investigación. Entre las evidencias se encuentran la denuncia y declaración de la víctima, informes médicos, testimonios, actuaciones policiales y pericias realizadas por especialistas del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF).
El caso genera especial repercusión por tratarse de un integrante de la fuerza de seguridad y porque el hecho denunciado habría ocurrido precisamente dentro de una comisaría, ámbito en el que el acusado ejercía funciones.
La imputación constituye el inicio formal de una etapa de investigación en la que deberán profundizarse las circunstancias en las que ocurrió el episodio y determinarse las responsabilidades penales correspondientes.
Mientras avanza el proceso, la Justicia mantiene vigentes las medidas de protección dispuestas para la mujer, en el marco de una causa que involucra presuntos hechos de violencia de género, amenazas y abuso de autoridad.
