La Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC) presentó la acusación formal contra los médicos Livio Jesús Ubal y Noemí Verónica Murúa por el presunto delito de peculado, en el marco de la investigación por la sustracción de equipamiento del Hospital Público Materno Infantil de Salta.
La fiscal penal interina Ana Inés Salinas Odorisio sostuvo que ambos profesionales, aprovechando su función en el servicio de Neonatología del hospital y el acceso al equipamiento médico estatal, habrían retirado bienes pertenecientes al Estado para incorporarlos al funcionamiento de una empresa privada de neonatología de la que eran socios, obteniendo un beneficio económico.
La acusación fue presentada ante la Oficina Judicial y se fundamenta en el artículo 261 del Código Penal, que sanciona a los funcionarios públicos que se apropian o utilizan en beneficio propio bienes cuya administración o custodia les fue confiada por razón de su cargo.
En la misma presentación, la Fiscalía solicitó el sobreseimiento de otras dos personas que habían sido imputadas durante la investigación, al concluir que no existían elementos que acreditaran su participación en los hechos.
La causa se inició tras una denuncia presentada por el director general del Hospital Público Materno Infantil, luego de que una inspección del Ministerio de Salud Pública detectara la posible presencia de equipamiento perteneciente al hospital en el servicio de Neonatología de una clínica privada.
A partir de esa denuncia, la UDEC desplegó una amplia investigación que incluyó el análisis de documentación administrativa y patrimonial, declaraciones testimoniales, inspecciones, registros, informes técnicos y pericias. Además, se concretó el secuestro judicial de los equipos cuestionados, que posteriormente fueron restituidos al hospital.
Durante los procedimientos, personal de la Unidad de Investigación UDEC-CIF constató la existencia de seis equipos médicos cuyos números de serie coincidían con los inventariados por el Hospital Materno Infantil. Los aparatos fueron hallados en la terapia neonatal Neofénix, ubicada en el segundo piso de una clínica privada sobre calle Alvarado al 858 de la ciudad de Salta.
Para la fiscal Salinas Odorisio, la maniobra investigada no solo habría ocasionado un perjuicio al patrimonio del Estado, sino que también comprometió el normal funcionamiento del sistema público de salud, al involucrar equipamiento destinado a la atención de recién nacidos. La acusación sostiene además que la conducta atribuida a los imputados vulneró los principios de fidelidad, probidad y transparencia que deben regir el desempeño de los funcionarios públicos.
Con la acusación formal presentada, la causa avanza hacia una nueva etapa del proceso judicial, en la que se definirá la responsabilidad penal de los dos médicos imputados.
