Lo que comenzó como una aparente operación comercial terminó convirtiéndose en una verdadera pesadilla. Dos empresarios oriundos de Córdoba fueron víctimas de una violenta emboscada en Santa Victoria Este, donde una banda armada les robó más de 25 millones de pesos en efectivo, cheques millonarios y otros bienes de valor.
Por el hecho, el fiscal penal de Salvador Mazza, Jorge Armando Cazón, imputó de manera provisional a cuatro hombres como coautores del delito de robo calificado por el uso de armas. Los acusados permanecen detenidos mientras avanza una investigación que busca determinar si hubo más personas involucradas en la planificación y ejecución del asalto.
De acuerdo con la investigación, uno de los damnificados mantenía desde hacía aproximadamente un año contacto con quien sería el principal sospechoso. La relación se habría iniciado a partir de una supuesta oferta para la venta de postes de quebracho colorado.
Durante meses, ambas partes intercambiaron llamadas, mensajes, fotografías y videos de la mercadería ofrecida. Esa comunicación sostenida generó la confianza necesaria para avanzar con el negocio. Incluso, antes de viajar a Salta, los empresarios aseguraron haber consultado referencias comerciales sobre el vendedor, obteniendo comentarios favorables de personas vinculadas al transporte de madera.
Con la intención de cerrar la operación, las víctimas viajaron hasta Tartagal transportando cerca de 25 millones de pesos en efectivo destinados al pago de la compra.
Sin embargo, al llegar a la ciudad, el supuesto vendedor les informó que existían inconvenientes para concretar la transacción en el lugar inicialmente pactado y les propuso trasladarse hasta Santa Victoria Este, donde supuestamente se encontraba la carga de postes.
La mañana del 28 de mayo, los empresarios se reunieron con el acusado en el acceso a esa localidad. Según denunciaron, el hombre se desplazaba en una motocicleta tipo enduro blanca y los guió por distintos caminos rurales hasta una estancia conocida como "La Avispa", ubicada en una zona alejada y sin señal de telefonía celular.
Una vez allí, el sospechoso les indicó que inspeccionaran un lote de postes situado a varios kilómetros del camino principal. Luego se retiró argumentando que debía realizar algunas consultas vinculadas con la operación.
Pocos minutos después, los compradores fueron sorprendidos por al menos cinco hombres encapuchados, vestidos con prendas similares a uniformes militares y armados con escopetas, pistolas, revólveres y una escopeta recortada.
Según el relato de las víctimas, uno de los delincuentes efectuó disparos intimidatorios al aire mientras el resto los reducía bajo amenazas. Obligados a arrojarse al suelo, fueron despojados de dos portafolios que contenían aproximadamente 25 millones de pesos en efectivo, además de cheques al portador por montos millonarios, teléfonos celulares, billeteras, documentación personal, una cadena de plata y otros objetos de valor.
Los empresarios también aseguraron haber escuchado amenazas de muerte y comentarios sobre la posibilidad de quitarles el vehículo, aunque finalmente uno de los integrantes del grupo habría evitado que la violencia escalara aún más.
A partir de los testimonios y de diversas tareas investigativas desarrolladas por efectivos del Grupo Investigativo Sector 43, la Fiscalía solicitó la captura nacional e internacional del principal sospechoso. Posteriormente, allanamientos realizados en Santa Victoria Este y parajes cercanos permitieron identificar a otros presuntos involucrados.
Durante los procedimientos se secuestraron armas de fuego, municiones, teléfonos celulares, prendas de camuflaje y otros elementos considerados de interés para la causa. Además, fueron detenidos cuatro hombres, entre ellos familiares directos del acusado señalado como organizador de la maniobra.
En la audiencia de imputación, uno de los sospechosos declaró y negó cualquier participación en el hecho. Aseguró que se dedica a estudiar y que no conoce a los denunciantes.
No obstante, para el fiscal Jorge Armando Cazón, las denuncias de las víctimas, los informes policiales, los secuestros efectuados y las restantes medidas probatorias incorporadas al expediente constituyen evidencia suficiente para sostener, de manera provisoria, la participación de los imputados en el millonario asalto.
La investigación continúa abierta y la Justicia busca determinar si existieron otros integrantes de la banda, además de recuperar el dinero y los bienes robados en una emboscada que expuso el alto grado de planificación con el que actuaron los delincuentes.
