El día 9 de julio de 1816 en la ciudad de San Miguel de Tucumán, se firmó el Acta de Independencia que rompía los lazos de subordinación al gobierno español. En aquel documento se encontraban comprendidos los actuales territorios de Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia que formaban parte de las Provincias Unidas.
Para aquel momento, España había logrado expulsar a los franceses y el rey Fernando VII fue repuesto en el trono. El monarca estaba dispuesto a recuperar los territorios americanos que estaban en manos de los patriotas.
Sus ejércitos habían comenzado a avanzar por toda la región derrotando a una parte de los movimientos independentistas americanos. Ante esta situación, las Provincias Unidas decidieron reunirse en el Congreso General Constituyente de las Provincias Unidas en Sudamérica, para decidir cómo enfrentar el peligro realista, enviando cada una un diputado.
El Congreso inició sesiones el 24 de marzo de 1816, encontrándose presentes 33 de los 34 diputados elegidos. Uno de los temas que se debatieron fueron la asignación de recursos para el ejército Libertador comandado por el general San Martín, la acuñación de una moneda, la demarcación de un límite provincial y la organización del ejército.
Cabe destacar, que en mayo se designó con la máxima magistratura mayor de las provincias a Juan Martín de Pueyrredón, nadie como él para entender y apoyar a las demandas de San Martín y su empresa libertadora.
Así fue que después de encendidos debates, todos los representantes llegaron a un acuerdo que derivó en la firma del Acta el 9 de julio de 1816. Aquel día y tras nueve horas de intensos debates por otros temas, Narciso Francisco Laprida realizaría la recordada pregunta: ¿Queréis que las provincias de la Unión sean una nación libre e independiente de los reyes de España y su metrópoli?, a la cual todos los presentes votaron afirmativamente y a continuación se labró el Acta de Emancipación.
Desde el punto de vista político representaba el paso previo y necesario para llevar a cabo la ofensiva militar a otras regiones (como por ejemplo Chile y Perú), concretada en la magna empresa de San Martín.
Esta Declaración fue en todo tiempo observada como la base constitutiva de las provincias rioplatenses, pese a que no concurrieron al Congreso diputados por las provincias del Litoral, la Banda Oriental, Santa Fe y Paraguay, ya que estas regiones mantenían ciertas diferencias con el gobierno de Buenos Aires.
