El fiscal penal de Derechos Humanos, Gabriel González, imputó de manera provisional por la presunta comisión del delito de privación ilegítima de la libertad, en concurso real con el delito de imposición de torturas, a tres policías (un sargento y dos suboficiales principales), uno de los cuales además, está imputado también por el delito de falsedad ideológica.
Conforme a las denuncias radicadas por los damnificados, las declaraciones de testigos, certificados médicos, entre otros elementos de prueba, el hecho ocurrió al mediodía del pasado 19 de noviembre cuando dos hombres, padre e hijo, se hicieron presentes en el Destacamento Alto La Sierra, manifestando que les habían sustraído y faenado una vaca, acusando directamente a tres hombres.
Fue entonces que el sargento imputado posteriormente, se trasladó en el vehículo de uno de los propietarios del vacuno, en busca de los sospechosos, incurriendo en conductas ilícitas al privarlos de su libertad sin orden de autoridad competente, ni motivos que justifiquen la aprehensión, trasladándolos desde los lugares donde se encontraban, al Destacamento de Alto La Sierra.
Primero trasladaron a dos personas de las cuales una, no estaba denunciada, y luego al tercer damnificado.
En el destacamento, encontrándose el jefe de la dependencia y el jefe de guardia, los acusados habrían sometido a los detenidos, a un trato cruel e inhumano, haciéndolos desnudar para agredirlos físicamente con un látigo.
El sargento, habría colocado una bolsa en la cabeza hasta asfixiar a uno de ellos, con el fin de que firme un acta en la que se comprometía a devolverle una vaca a la familia propietaria. A otro, lo habrían desnudado y aplicado latigazos en la espalda para que se hiciera cargo de la supuesta sustracción del animal.
El accionar delictivo habría cesado, cuando dos de los hombres sometidos firmaron el acta en el libro de exposición, logrando el fin para el cual aplicaron los tormentos.
Por su parte, uno de los suboficiales principales imputado, incurrió en el delito de falsedad ideológica en calidad de autor, al insertar en un instrumento público (libro de guardia), declaraciones falsas en las que consignaba que los tres damnificados se retiraron de la dependencia en buen estado de salud, manifestando que no deseaban ser examinados por personal de salud, y que recibieron un trato adecuado durante su estadía en esa dependencia.
Durante la audiencia de imputación, los acusados se abstuvieron de declarar.
