El conflicto yerbatero en Misiones escaló hasta un punto de no retorno. A través de un masivo tractorazo que sorteó los retenes de las fuerzas federales en las rutas, productores de yerba, té y tabaco salieron a denunciar el colapso de las economías regionales.
El detonante fue la desregulación impuesta por decreto, normativas que desmantelaron las facultades fijadoras de precios del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) y dejaron a la provincia —responsable del 85 % de la producción nacional— a merced del libre mercado.
La brecha económica en origen presiona de lleno sobre el valor final del paquete. Mientras que los pequeños productores perciben hoy entre $250 y $280 por kilo de hoja verde —valores congelados respecto al año anterior—, producirlo exige entre $500 y $600. Esta distorsión no solo amenaza con paralizar las fincas, sino que genera una amenaza latente para el consumidor: si los productores logran trasladar el costo real de producción a la cadena comercial, el precio de la yerba mate en los supermercados sufrirá un salto inevitable.
La protesta cobra un peso político estratégico al coincidir con la llegada del presidente Javier Milei a Puerto Iguazú para la convención del IAEF.
Desde el territorio, las voces de los protagonistas describen un escenario crítico: yerbales abandonados por falta de rentabilidad, familias rurales obligadas a vender sus tierras a precio regalado frente a la falta de liquidez y un éxodo masivo de cosechadores (tareferos) hacia Brasil ante la licuación de sus ingresos. Para el sector, la restitución de un precio base no es una consigna ideológica, sino la única alternativa para evitar una quiebra masiva similar a la vivida en la década de 1990.
