Una investigación judicial por presuntas irregularidades policiales derivó en la imputación del jefe de la Comisaría N° 7 de Campo Quijano y de otros nueve efectivos de la misma dependencia. La Fiscalía los acusa de no haber implementado la consigna policial fija que debía proteger a Natalia Marilín Cruz, asesinada en febrero de 2026, y de haber confeccionado posteriormente un informe con datos falsos para simular que habían intentado cumplir con la medida.
La causa, impulsada por una unidad fiscal conjunta entre la Unidad Especializada en Femicidios (UFEM) a cargo de María Luján Sodero Calvet y la Fiscalía de Derechos Humanos, busca determinar las responsabilidades penales e institucionales de la cadena de mando frente al trágico desenlace.
De acuerdo con la hipótesis fiscal, Natalia Cruz contaba con una orden judicial expresa de protección ante la escalada de violencia de su expareja. Sin embargo, la custodia jamás se hizo efectiva. Tras el femicidio, se habría fraguado documentación para ocultar la omisión.
| Personal Imputado | Delitos Atribuidos | Conducta Investigada |
| Jefe de Comisaría y Jefe de Guardia | Falsedad ideológica e incumplimiento de los deberes de funcionario público (en concurso real). | Promover y ordenar la elaboración del informe falso; omitir la implementación y supervisión de la consigna judicial. |
| Un oficial y un suboficial | Falsedad ideológica. | Redactar, firmar y tramitar un documento público con datos falsos asegurando que la custodia estuvo activa. |
| Cinco efectivos (4 policías mujeres y 1 masculino) | Coautores de incumplimiento de los deberes de funcionario público. | No ejecutar las medidas para concretar la custodia ni alertar a la Justicia sobre la imposibilidad de cumplirla. |
El análisis de documentación interna y los testimonios recabados permitieron a los investigadores reconstruir una trama de fallas graves en el funcionamiento de la dependencia durante enero y febrero de 2026.
La Fiscalía sostiene que existía una desorganización estructural en la asignación, supervisión y registro de las medidas de protección por violencia de género, junto con el incumplimiento reiterado de los protocolos internos de actuación. La investigación continúa abierta para determinar las sanciones correspondientes a cada uno de los involucrados.
