La Iglesia católica argentina ha decidido romper el silencio y fijar una postura de confrontación directa frente al Poder Ejecutivo Nacional. En un documento conjunto que sacude el tablero político, la Comisión Episcopal de Pastoral Social, Caritas y el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa) enviaron una carta abierta a los legisladores nacionales con un pedido unívoco: rechazar de forma categórica el proyecto de ley impulsado por la gestión actual.
El comunicado no ahorra calificativos y advierte que la propuesta oficial pone en riesgo áreas clave para el futuro del país:
"Creemos que atenta contra la soberanía de nuestra tierra, de nuestros alimentos, de nuestros bienes comunes y el derecho de los pueblos de autodeterminarse".
Las organizaciones eclesiásticas fundamentan su rechazo en tres puntos críticos que, según su análisis, transforman los derechos territoriales en meros activos financieros:
Entrega de recursos estratégicos: El texto alerta que la eliminación de los topes a la compra de tierras por parte de extranjeros abre la puerta a un control ilimitado sobre reservas de agua dulce y áreas de alta biodiversidad.
Incentivo al ecocidio y la especulación: Al derogarse las restricciones ambientales que bloqueaban el uso comercial inmediato de terrenos arrasados por incendios forestales, la Iglesia denuncia que la ley termina premiando la especulación inmobiliaria en detrimento de los bosques nativos.
Pérdida de control estatal: El proyecto debilita la capacidad del Estado para regular el territorio, planificar obras públicas y proteger el interés comunitario frente a grandes corporaciones locales o internacionales.
La ley de tierras establece límites a la concentración y extranjerización de la tierra. Sancionada en 2011, establece topes a la propiedad extranjera sobre tierras rurales, restricciones en zonas de frontera y resguardos sobre inmuebles vinculados a cuerpos de agua. Por ejemplo, establece que solo el 15% de las tierras rurales a nivel nacional, provincial, municipal o departamental pueden estar en manos extranjeras.
Además, establece un límite por nacionalidad, según el cual dentro de ese 15%, las personas o empresas de una misma nacionalidad extranjera no pueden poseer más del 30%.
Asimismo, se establece un tope por Titular: ningún titular extranjero (persona humana o jurídica) puede poseer más de 1.000 hectáreas en la zona núcleo o su equivalente en otras zonas.
A su vez, fija límites para las zonas de frontera y cuerpos de agua: existen restricciones adicionales y permisos especiales exigidos por la Superintendencia de Fronteras para la compra de tierras ubicadas en zonas limítrofes y se prohíbe la titularidad de tierras que incluyan o limiten con cuerpos de agua de envergadura permanente y de dominio público.
Recurriendo a la doctrina social clásica y citando las bases sentadas por el Papa León XIV, el documento enfatiza que la propiedad privada debe estar subordinada al destino universal de los bienes. Para las comunidades rurales, campesinas e indígenas, la tierra constituye identidad y memoria, por lo que rechazan que el marco jurídico la reduzca a una "simple mercancía".
El pronunciamiento también pone el foco en la profunda crisis habitacional que atraviesa la Argentina. La Iglesia reclama una legislación equilibrada que garantice el acceso a una vivienda digna mediante un marco jurídico razonable para los alquileres que contemple las realidades de propietarios e inquilinos, en lugar de convalidar la acumulación económica de unos pocos.
La pelota queda ahora del lado de los diputados y senadores. La Iglesia ha sido clara: el debate parlamentario no debe guiarse por la rentabilidad financiera a corto plazo, sino por la defensa del bien común y la protección de las mayorías vulnerables.
