En esta instancia, el Gobierno nacional busca consolidar acuerdos con los sectores dialoguistas para avanzar con un paquete de leyes que incluye la reforma laboral y la implementación de un nuevo Régimen Penal Juvenil, entre otras iniciativas.
El proyecto de reforma laboral ya cuenta con dictamen de comisión en la Cámara de Senadores. Sin embargo, el Poder Ejecutivo aún no dispone de los apoyos necesarios para garantizar su aprobación sin modificaciones.
Entre los puntos destacados, el texto propone cambios estructurales en la contratación para incentivar el registro de trabajadores y reducir los litigios en los conflictos laborales.
Para asegurar el avance de la normativa, Patricia Bullrich, y el ministro del Interior, Diego Santilli, encabezan las conversaciones con distintos sectores políticos.
La estrategia del oficialismo consiste en entablar diálogos cara a cara con legisladores y gobernadores para evitar obstáculos durante la votación en el recinto.
En este marco, los gobernadores de Salta, Tucumán y Catamarca mantuvieron un encuentro con el ministro Santilli.
Los mandatarios provinciales condicionan su apoyo al reclamo por la disminución de ingresos en concepto de coparticipación federal derivada de las modificaciones previstas en el Impuesto a las Ganancias.
Estas provincias han funcionado como bloques dialoguistas durante la gestión actual, aportando votos críticos para proyectos previos que impulsó el Gobierno.
La resolución de este conflicto financiero es un punto determinante para la viabilidad de la reforma laboral en la Cámara Alta la próxima semana.
El Ejecutivo incluyó por decreto el tratamiento del Régimen Penal Juvenil en el cronograma de febrero. El punto de mayor fricción entre las fuerzas políticas es la definición de la edad de imputabilidad. Mientras el oficialismo y sectores del PRO proponen fijarla en los 14 años, otros bloques aliados advierten sobre la dificultad de alcanzar consensos si se intenta reducir ese límite a los 13 años.
Desde la Unión Cívica Radical (UCR) sostienen la importancia de mantener los dictámenes previos trabajados por las comisiones. El debate se centra en la necesidad de una ley que regule el juzgamiento de menores de edad, pero la falta de acuerdo sobre el piso de edad genera incertidumbre sobre el resultado final de la votación.
El temario de extraordinarias también contempla cambios en la Ley de Glaciares. El proyecto oficial redefine técnicamente el concepto de "ambiente periglacial". Según la propuesta, esta categoría abarcará suelos congelados o con ciclos térmicos de congelación, independientemente de si contienen masas de hielo permanentes.
La nueva redacción estipula que la protección legal se limitará exclusivamente a los glaciares y zonas periglaciares que posean una función hídrica demostrada.
Además, la facultad para delimitar estas áreas protegidas será transferida a las jurisdicciones provinciales, junto con la creación de un registro nacional de identificación.
Asimismo, el Congreso deberá abordar el tratado de libre comercio firmado entre el Mercosur y la Unión Europea. Este acuerdo internacional establece una reducción progresiva de aranceles que afecta al 91% de los intercambios comerciales entre ambos bloques regionales.
El esquema contempla plazos de transición de hasta 15 años para sectores considerados sensibles.
Para la Argentina y sus socios regionales, el tratado permitiría ampliar los cupos de exportación de bienes agropecuarios hacia el mercado europeo.
En contrapartida, facilita el ingreso de productos industriales como vehículos, maquinaria y productos químicos provenientes de Europa al mercado sudamericano.
