El presidente Javier Milei planea derogar por decreto la ampliación del Régimen de Zona Fría, una medida instaurada durante la gestión de Alberto Fernández. Este DNU, se encuentra bajo análisis por abogados del gobierno, quienes estudian sus implicancias legales, según lo publicado por el medio especializado en energía, Econojournal.
La ampliación del subsidio al gas, que costará al Estado alrededor de US$ 300 millones este año, fue implementada en 2021 mediante la ley 27.637 y benefició a 3,1 millones de usuarios. Luis Caputo, ministro de Economía, busca revertir esta ampliación del régimen, que otorga subsidios de hasta el 50% del costo del gas natural a los hogares en zonas consideradas de “bajas temperaturas”.
El programa se diseñó para proteger a los hogares de la Patagonia, que sufren severas inclemencias climáticas. Sin embargo, la decisión del gobierno de Fernández amplió este beneficio utilizando criterios considerados poco claros, alcanzando a más de la mitad de los usuarios residenciales de gas en el país.
Un aspecto crucial de este subsidio es que no toma en cuenta el nivel socioeconómico de los hogares beneficiarios.
Se contempla que el DNU se publique tras las elecciones legislativas de octubre, ya que modificar esta ley en el Congreso es considerado un proceso complicado. A pesar de que muchos legisladores reconocen de forma reservada las falencias del régimen desde su ampliación, los gobernadores se muestran reacios a afrontar el costo político que implicaría un aumento en las tarifas de gas en sus provincias.
Este decreto afectará a alrededor de 3,1 millones de usuarios que fueron incorporados al régimen de 2021 y regresaría a un esquema similar al original de 2002, donde solo 850.000 hogares en la Patagonia, la Puna y Malargüe eran beneficiarios. Desde el área energética de la administración actual ya comenzaron a implementar acciones para eliminar el subsidio por zonas frías, incluyendo restricciones a usuarios con más de un medidor.
