Al menos 14 personas murieron, tres fueron rescatadas entre los escombros y otras tres continúan desaparecidas, tras el derrumbe de un edificio residencial ubicado en la ciudad brasileña de Recife, al noreste del país.
Entre las víctimas fatales hay cuatro menores de edad: una nena de 5 años, un nene de 8, un adolescente de 12 y otro de 17. Además, fallecieron tres mujeres y cuatro hombres, entre ellos, un joven de 18 años que había sido rescatado con vida, pero falleció camino al hospital.
El desplome se registró pasadas las 6 de este viernes en el edificio Leme, un predio de tres plantas ubicado en el barrio de Janga. Estaba ocupado pese a tener una orden de desalojo por riesgo de derrumbe. Una cámara de la zona captó el momento justo de la caída, cuyas causas aún son materia de investigación.
El incidente ocurrió en medio de las fuertes lluvias que desde hace dos semanas tienen en estado de alerta a la región metropolitana de Recife, una ciudad costera de alrededor de 1,5 millones de habitantes, y que provocaron ayer otros derrumbes, inundaciones, caídas de árboles y postes y varios accidentes de tránsito.
Tres mujeres fueron trasladadas con fracturas a un hospital del municipio, mientras que otras cuatro personas, que no forman parte de la lista de 19 ocupantes del edificio y vivían en un predio contiguo, tuvieron heridas leves.
El Gobierno estatal de Pernambuco publicó en sus redes sociales que ocho equipos de remoción fueron enviados al lugar, luego que la Defensa Civil fuera alertada por el derrumbe. Asimismo los servicios de emergencia brindaron asistencia, con la ayuda de perros especialmente adiestrados, en busca de posibles sobrevivientes bajo los escombros, debido a que algunas personas lograron comunicarse con el exterior, entre ellos varios niños.
Las labores de rescate continuaban este sábado por la mañana con el apoyo de perros entrenados y equipos de remoción de los escombros del bloque de 16 departamentos que se desplomó y del aledaño, que fue parcialmente destruido.
El edificio, en el conjunto residencial de vivienda popular Beira-Mar, había sido cerrado por una orden judicial en 2010 que alertaba de los peligros, pero dos años después volvió a ser ocupado -sin autorización- por los propietarios.
En 2018, una inspección del Cuerpo de Bomberos sugirió una nueva desocupación y el jueves, un día antes de la tragedia, una aseguradora del banco estatal que financió los apartamentos emitió un relato similar sobre los peligros del inmueble.
