La fiscal federal de Bariloche María Cándida Etchepare imputó a los jueces federales Julián Ercolini, Pablo Yadarola, Carlos Mahiques y Pablo Cayssials, al ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, al fiscal general porteño Juan Bautista Mahiques, al empresario Tomás Reinke y al exfuncionario de la SIDE Leonardo Bergroth y le pidió a la jueza federal Silvina Domínguez que active una serie de medidas de prueba para investigar las circunstancias del viaje que hicieron ellos junto a dos altos directivos del Grupo Clarín, el 13 de octubre pasado a esa ciudad.
Para la fiscal no hay dudas de que el viaje ocurrió. “Fue posible determinar que el día 13 de octubre se trasladaron desde Buenos Aires hacia esta ciudad en un avión privado propiedad de la empresa “Servicios y Emprendimientos Aeronáuticos S.A.”, matrícula LV-GCK, los pasajeros Julián Ercolini, Leonardo Bergroth, Tomás Reinke, Juan Bautista Mahiques, Marcelo D’Alesandro, Carlos Alberto Mahiques, Pablo Yadarola y Pablo Gabriel Cayssials”, dice el dictamen de la fiscal, según publicó LA NACION.
La funcionaria judicial busca determinar cómo se solventó ese viaje y si los funcionarios públicos incurrieron en el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público y de admisión de dádivas. Los directivos del Grupo Clarín que viajaron son Jorge Rendo y Pablo Casey.
“Todos ellos retornaron al aeropuerto de San Fernando el día 15 del mismo mes y año, tal como surge de la Declaración Jurada acompañada por la Policía de Seguridad Aeroportuaria ante el requerimiento de esta Fiscalía”, agrega. La presentación también sostiene que fueron recibidos en el aeropuerto por Nicolás Van Litmas, presidente de “Hidden Lake S.A”, del empresario británico Joe Lewis. Desde allí habría ido hacia la estancia ubicada en Lago Escondido, donde se habrían hospedado.
La denuncia que dio lugar a esta investigación fue formulada por el abogado Marcelo Hertzriken Velasco el 24 de octubre pasado, a raíz de la publicación de un artículo en el diario Página 12 que daba cuenta del viaje. En los chats filtrados ilegalmente, el fiscal general porteño Juan Bautista Mahiques señala a sus interlocutores que ya habló con la fiscal [la misma que los imputó hoy] y que “ofreció mandar la causa a Py”, en alusión a que había buena predisposición de parte de ella para no comprometerlos con la causa. La fiscal Etchepare dio impulso a esta denuncia después de que trascendieran los diálogos en los que se la menciona. Es decir, dio el primer paso del expediente 42 días después de haber recibido la denuncia penal.
La denuncia inicial sostenía que el viaje había sido a bordo de un avión perteneciente al empresario mendocino Orlando Terranova, pero la fiscal acreditó con medidas preliminares que en realidad fue a bordo de un avión de la firma “Flyzar”, del empresario aeronáutico Gustavo Carmona.
Etchepare también le pidió a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) que le remita las filmaciones captadas por las cámaras del Aeropuerto Internacional Teniente Candelaria, en las que se puede ver el arribo del grupo en el vuelo privado.
“Si bien los hechos denunciados inicialmente por Hertzriken Velasco no eran del todo exactos -aclara el dictamen fiscal-, sí tenían una base cierta de ocurrencia que podría implicar un ilícito penal, en particular, la existencia de un viaje de lujo en un avión privado y con destino a una magnánima estancia en el que participaron jueces, un ministro de la Ciudad de Buenos Aires y dos empresarios, quienes se reunieron en esta ciudad con otros dos empresarios con altos cargos en un poderoso conglomerado de medios de comunicación nacional, cuya presencia en la reunión fue evidentemente ocultada, no solo por haber tomado otro vuelo, sino por su omisión en el relato de quien -presuntamente- los alojara”.
Otro punto que resalta el dictamen es que la compañía “Hidden Lake S.A” solo emitió facturas a los funcionarios públicos con posterioridad al alojamiento y no a los directivos de Clarín, y sugiere que esto, es decir la emisión de manera posterior a la estadía y solo a favor de los funcionarios públicos, podría haber sido a los fines de demostrar que no existió un regalo a los funcionarios, lo que sería ilícito. El pago habría sido al contado.
Fuente: La Nación
